El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que INE no contaba con las facultades para posponer la consulta de revocación de mandato y le ordenó ajustar su presupuesto para cumplir en tiempo y forma. Durante la sesión, la mayoría de los magistrados consideró que los consejeros electorales no pueden detener el proceso para hacer la consulta con el argumento de falta de presupuesto, pues solo pueden hacerlo en casos previstos en la ley, como es el no cumplir los requisitos por falta de las firmas requeridas. Antes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se había desistido de la denuncia penal ante la FGR contra seis consejeros, después de que Andrés Manuel López Obrador celebró durante su conferencia mañanera que Morena haya accedido a dar marcha atrás en sus acusaciones. Al argumentar el proyecto que revocó el acuerdo del INE para posponer la consulta, el magistrado Felipe Fuentes señaló que el Consejo General de ese órgano “no tiene facultades ni atribuciones para posponer el proceso de revocación de mandato porque al ser una autoridad en materia electoral tiene la obligación de garantizar su ejercicio para el cual debe implementar las medidas y realizar los ajustes presupuestales necesarios para qué en caso de cumplirse los requisitos constitucionales y legales se continúe con dicho mecanismo de participación política” Además precisó que la único argumento válido para suspender o posponer la consulta es que no se hubieran validado las firmas equivalentes al 3 por ciento de la lista nominal de electores o la dispersión correspondiente a 17 entidades, y no fue el caso.
En el proyecto también se pide al INE gestione mayor presupuesto ante la Secretaría de Hacienda, y se solicita a esa dependencia atender la petición de los consejeros para no vulnerar los derechos de los ciudadanos. “En caso de que así se considere por parte del INE de hacer una solicitud de ampliación de presupuesto, (se propone) vincular a la Secretaría de Hacienda con la finalidad para que dé una respuesta debidamente fundada y motivada, es en ese sentido además que la dependencia, de ser el caso, tiene que coadyuvar y propiciar la atención de todos los elementos así sea dentro de una perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal para que sea factible garantizar la efectividad del derecho político-electoral y de participación ciudadana”. El proyecto se aprobó de manera unánime, solo con un voto parcial pro parte de la magistrada Janine Otálora, quien estuvo a favor de revocar el acuerdo del INE, pero no en desechar los juicios interpuestos en este caso por la ciudadanía, pues consideró se tiene un interés justificado; solo fueron admitidos los juicios interpuestos por los partidos.
Antes, El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se desistió de la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra seis consejeros del INE. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que el legislador de Morena había accedido a retirar sus acusaciones contra los consejeros electorales encabezados por Lorenzo Córdova, la Cámara de Diputados lo confirmó: “La presidencia de la Cámara de Diputados informa que, escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas para que no continúen las indagatorias penales contra funcionarios del INE”. Los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama celebraron el desistimiento, pero reafirmaron su rechazo a cualquier intento de persecución de corte autoritario. “Frente a las pulsiones autoritarias que amenazan a la democracia, la defensa de las libertades y valores que la sustentan por parte de la sociedad (académicos, periodistas, formadores de opinión, asociaciones civiles, organizaciones gremiales, etc.) es fundamental”, tuiteó Córdova. Murayama también se congratuló por la decisión: “Menos mal. Lo hace tras la amplia reprobación pública a su pretensión, lo que confirma que se trató de una decisión estrictamente política. Y, además, de corte autoritario”. Poco después, Gutiérrez Luna respondió así a Murayama: “Ciro y su patente de corso. No aprende, no entiende, y lo peor: no entiende que no entiende”. El 22 de diciembre se presentó ante la FGR la denuncia contra los seis consejeros electorales que en su momento avalaron el acuerdo para posponer fases de la organización de la consulta.
