El Frente Social en Defensa de los Derechos de los Trabajadores al Servicio del Estado rechazaron la reciente reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, porque consideran que cuando menos cuatro artículos violan de manera «flagrante» sus derechos de las y los trabajadores morelenses.
Lo anterior fue denunciado, en una conferencia de prensa en que participaron más de 20 sindicatos aglutinados en el también llamado Colectivo Amplio Morelos (CAM), entre éstos trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Telmex, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), entre otros.
“Actualmente, la reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, excluye a miles de trabajadoras y trabajadores de derechos fundamentales mediante disposiciones profundamente regresivas:
“Artículo 2, párrafo segundo y tercero, busca sacar del régimen de prestaciones burocráticas a quienes perciben su salario mediante convenios de colaboración con la Federación, aún cuando desempeñan funciones permanentes para el Estado”, mencionó Fernando Vizcaya, secretario de organización del CAM, durante la rueda de prensa que ofrecieron esta mañana en el zócalo de Cuernavaca.
Expusieron también, los dirigentes inconformes, que el artículo 42, en su párrafo segundo, “afecta negando derechos básicos como aguinaldo y vacaciones a quienes estén bajo esquema de financiamiento federal”.
El artículo 57 BIS, que mencionaron en este encuentro con reporteras y reporteros, puntualizaron los presentes que “condiciona el reconocimiento de la antigüedad para pensiones, excluyendo deliberadamente a trabajadoras y trabajadores financiados con recursos federales”.
Y en el artículo 58, de esta reforma de esta ley, según los dirigentes de estos sindicatos de Morelos, “cierra la puerta a la jubilación para quienes laboran bajo dichos convenios, condenándolos a la incertidumbre y al abandono institucional”.
Debido que esta reforma a Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, concluyeron los representantes sindicales, es “una agresión directa a la estabilidad laboral, a la seguridad social y a la dignidad de la clase trabajadora de Morelos”, se declararon en alerta máxima, y exigieron a la gobernadora, Margarita González, que retrocedan en esta reforma, y “garantice los derechos humanos inalienables y laborales de la clase trabajadora de Morelos”.
Los mismos trabajadores en esta rueda de prensa, aseguraron, que tanto la mandataria, como diputadas de la 56 legislatura, han dicho de manera verbal que se integrará un artículo transitorio a esta; pero aseguraron que hasta que esto no pase, no cesarán sus reclamos de que esta reforma sea modificada, porque así como está publicada y entró en vigor afecta a miles de trabajadores de la entidad morelense.
“La incorporación de un artículo transitorio que garantice el respeto a los derechos adquiridos no es negociable. Debe quedar escrito en la ley, con claridad absoluta, para que ningún trabajador vuelva a ser tratado como empleado de segunda, dependiendo del origen del recurso con el que se paga su salario”, subrayaron.
De no modificarse esta ley reforma, advirtieron los trabajadores, que serán miles de trabajadores morelenses los que no podrán tener una pensión y jubilación digna.
“Ante estos hechos, hacemos un llamado a las y los trabajadores al servicio del Estado, a no confiarse y seguir en alerta máxima: una ley no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio del trabajador, sin embargo, esta reforma presume que, si no se impugna legalmente, se consciente legalmente la pérdida de nuestros derechos ya que hay términos legales establecidos para dicho proceso. De no hacerlo, implicaría un alto riesgo pues solo estaríamos a la voluntad del gobierno en turno para que esta ley, que “garantice” respeto absoluto de derechos adquiridos a quizá sólo en parte y en el poder de los casos, nada”, recalcaron.
Dicha reforma fue aprobada por los integrantes de la 56 legislatura en los últimos días que sesionaron en diciembre pasado, a propuesta de la gobernadora Margarita González, y fue publicada el 22 de diciembre de 2025.
El Congreso local, mediante la diputada Tania Valentina Rodríguez, prometió, igual que la gobernadora, que se modificará dicha reforma de ley, que fue publicada en el diario oficial estatal «Tierra y Libertad».
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