La precandidata del bloque opositor al Gobierno de Morelos, Lucía Meza Guzmán, acusó a la administración estatal, encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo, de cometer desvíos de recursos federales por tres mil 194 millones de pesos a lo largo del actual sexenio.
En conferencia de prensa, la senadora, quien recientemente renunció al partido Morena, indicó que el señalamiento es producto de la revisión de varios informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a diferentes Cuentas Públicas.
Tras mencionar los rubros en donde se detectaron los supuestos desvíos de recursos, Lucía Meza pidió a la ASF que presente las denuncias penales correspondientes en contra de Cuauhtémoc Blanco ante la Fiscalía Anticorrupción, para que se realicen las investigaciones a que haya lugar.
“Nuestro planteamiento el día de hoy es exigirle a la Auditoria Superior de la Federación que se agoten todos los procesos resarcitorios a la hacienda pública estatal y se inicien las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción” dijo Meza.
Durante la conferencia de prensa realizada en la ciudad de Cuernavaca, la aspirante al gobierno estatal estuvo acompañada por los dirigentes locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Acción Nacional (PAN) y del partido local Redes Sociales Progresistas.
La abanderada de la coalición integrada por estas fuerzas políticas mencionó que los principales desvíos se dieron en los rubros de desarrollo social, educación, seguridad y obra pública.
Explicó que son “desfalcos” realizados a partir de participaciones federales, es decir, “recursos que envía la Federación y que son de libre disposición por parte de la hacienda pública estatal”.
Lucía Meza Guzmán precisó: “Desde el 2019 y hasta el 2022, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ha cometido un desfalco por tres mil 194 millones de pesos, de los cuales sólo ha logrado justificar 144 millones. Tan sólo en el ejercicio fiscal del 2019, el gobierno no ha podido demostrar en qué se gastaron dos mil 235 millones de pesos”.
Y agregó: “En el 2020 la Auditoria Superior de la Federación detectó un faltante de 509 millones de pesos; en el 2021 fue de 403 millones y en el 2022 se descubrió un desvío de recursos por 46 millones de pesos más”.
Meza Guzmán aseveró que con el dinero desviado se pudo haber contratado a muchos policías y adquirir más patrullas, para así dar un mejor combate contra la delincuencia en la entidad.
Dijo también que con esos recursos se pudieron haber construido 20 Centros de Salud en zonas marginadas, para combatir de manera más adecuada el rezago en la materia o se pudo rescatar al campo morelense, “que está abandonado”.
La representante popular aseveró que las y los morelenses necesitan un gobierno que le entre de verdad al tema de la seguridad y que use los recursos que son de todos los morelenses en mejorar la calidad de vida de todos.
Y remarcó: “Como legisladora seguiré llamando a cuentas a todos los funcionarios y, sobre todo, seguiré impulsando que se vaya a fondo en la rendición de cuentas”.
Enfatizó: “Las conclusiones a las que la ASF ha llegado en sus informes son las siguientes: se presume un daño o prejuicio a la hacienda pública estatal de Morelos por el uso de recursos a obras o servicios que no tienen soporte técnico ni jurídico para su comprobación”.
Más tarde, el Gobierno de Morelos negó “categóricamente” las acusaciones realizadas por parte de la senadora sobre un supuesto desfalco, y señalo que éstas “carecen de veracidad y objetividad”.
En un comunicado, la administración local señaló: “El Ejecutivo estatal lamentó que exista tergiversación de la información, con lo cual pretendan engañar a la población morelense para conseguir un fin político, ya que la mayoría del recurso observado es de carácter administrativo, y no un desvío de recursos, como incorrectamente lo señala la senadora Lucía Meza”.
Respecto a la exigencia que hizo la senadora a la ASF para que presente denuncias, el comunicado señala: “No existe motivación alguna para dar inicio a un proceso ante la Fiscalía Anticorrupción, por lo cual el gobierno del estado hace del conocimiento que mantiene constante comunicación con el ente fiscalizador y se continúa trabajando en conjunto, con la intención de tener un cierre de administración con el mínimo de observaciones”.
