El Ayuntamiento de Cuernavaca cobra a los arquitectos e ingenieros por ejercer libremente su profesión en la capital, como directores responsables de obra y corresponsables. El gremio, que se reveló contra el alcalde José Luis Urióstegui Salgado, dijo que se trata de un cobro que es claramente inconstitucional, y que, por lo mismo, les había sido condonado desde hace 17 años.
Pero ahora, el edil panista lo actualizó como parte de la política recaudatoria de su gobierno en contra los ciudadanos de la capital del Estado.
Los profesionistas inconformes explicaron que, tras enterarse de la intención del presidente, de reactivar los cobros del Registro de Directores Responsables de Obra a partir de 2022, iniciaron la defensa de la exención que habían tenido.
Sin embargo, la respuesta que tanto el edil, como los regidores que integran el Cabildo, dieron a su petición fue negativa.
En la sesión de Cabildo de ayer, aprobaron un acuerdo que por el que les “concedieron” un “descuento” del 75%, de un pago que ellos siguen considerando injusto, ilegal y discriminatorio.
Los arquitectos argumentaron que es legal que las autoridades exijan el cumplimiento de requisitos para ejercer la profesión, como la cédula; pero es ilegal que, de manera particular, a ellos les cobren una tarifa para poder trabajar.
Expusieron que en el Poder Judicial también hay un registro de abogados postulantes, y que es obligación acreditarse ante éste y estar actualizado, pero no tiene un costo para los abogados.
Sin embargo, el municipio tiene en su Ley de Ingresos costos por el Registro como Directores Responsables de Obra, que deben ser cubiertos para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras otorgue las licencias de construcción a los particulares, explicaron.
La Ley señala 50 UMAs ($4,811) por el registro de una persona física moral, y 150 ($14,433) si se trata de persona moral, es decir una constructora, y 40 por la actualización anual ($3,848).
También incluye una multa de $962 pesos a los particulares que lleven a cabo una obra sin tener un director responsable, con lo que se cierra la pinza para obligar a todos al pago.
Los profesionistas afectados por esta política señalaron que otros municipios, como Jiutepec o Huitzilac también cobran este “derecho”, pero con cantidades que no rebasan los 500 pesos al año, mientras que, en estados como Ciudad de México o México, no existen.
Agregaron que, de continuar la exigencia del pago, aun con “descuento”, procederán a defenderse por la vía del amparo, y, de igual manera, iniciarán el cabildeo en el Congreso para que sea eliminado de la Ley de Ingresos 2023.
