José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, confirmó que han sido convocados a comparecer funcionarios del ayuntamiento ante la Fiscalía General del Estado y la de Anticorrupción por el colapso del puente colgante del Paseo Ribereño de la Barranca de Amanalco.
A decir del Gobierno de Cuernavaca quienes participarán con las fiscalías son la consejera jurídica del ayuntamiento, Nadia Luz Lara Chávez y la contralora municipal, Dolores Álvarez.
“Son temas que deben seguirse por cada una de las áreas”, explicó.
Asimismo, detalló que el secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro Rosas López del municipio solicitó al Colegio de Ingenieros la elaboración de un dictamen al puente colapsado, por lo que señaló que están la espera de los resultados.
En cuanto a los espacios que dejaron los cuatro funcionarios que fueron cesados por las omisiones en las que presuntamente incurrieron y derivaron en la caída del puente, dijo que por el momento solo habrá encargados de despacho y será en próximos días cuando se nombren sustitutos.
Urióstegui comentó que la única persona que sigue hospitalizada es la regidora Paty Torres, quien sigue delicada ya que cuando cayó, se fracturó el tobillo. Al quedar el hueso de su pierna expuesto alcanzó a contaminarse con el agua negra de las barrancas, pero hasta el momento se ha descartado una posible septicemia.
Concluyen peritajes en el puente
El vicefiscal Anticorrupción, Edgar Núñez Urquiza informó que ya se han concluido los peritajes que inició la dependencia, al puente colapsado del Paseo Ribereño, por lo que en breve darían a conocer los resultados de los mismos.
“Los peritajes relacionados con el puente colgante del Paseo Ribereño, ya se encuentran terminados, sobre todo los peritos de topografía, arquitectura e ingeniería civil ya están emitiendo su dictamen respectivo, en el cual han dado una opinión de la estructura, ubicación y posiblemente la forma en que se dio el colapso”, explicó.
El funcionario detalló que los peritos ya han dado un estudio completo y sistematizado, mismo que ya se analiza por parte de la fiscalía para constatar si el mismo es integral y de esta manera determinar si existe responsabilidad de los funcionarios señalados o bien se tenga que realizar ampliaciones.
