Las empresas KS Ambiental y Comercializadora Trideza continuarán con la operación del relleno sanitario de Loma de Mejía, de Cuernavaca, en la administración municipal que encabeza José Luis Urióstegui (2022-2024), pese a los señalamientos de opositores, quienes aseguran que esas compañías incumplen con la norma ambiental 086.
En un comunicado el gobierno municipal dio a conocer lo anterior, y agregó que a esas firmas se les pagará para este año 233 millones 812 mil 987 pesos para que recolecten las toneladas de basura que se generan en esta capital, y la transporten a un centro de transferencia y luego a un sitio final.
KS Ambiental y Comercializadora Trideza, que trabajaron con la administración anterior, de Antonio Villalobos Adán, han sido acusadas de mandar golpear e incluso amenazar de muerte, a opositores a la operación del relleno.
El informe indica que en 2021, ambas empresas cobraron 274 millones 178 mil 827 pesos.
“Resultado de la revisión de condiciones contractuales y una negociación que permita a los habitantes de Cuernavaca contar con un servicio apropiado sobre el manejo de los desechos que se generan en la ciudad, el presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado, confirmó que se logró un acuerdo con las empresas que cuentan con el contrato de recolección, traslado y confinamiento de basura, para continuar con esta labor a un menor costo que representa un ahorro de más de $40.000.000 millones de pesos (mdp) en beneficio de las finanzas municipales”, informó el ayuntamiento.
Tal acuerdo, agrega la información oficial, garantizará “la continuación sin interrupciones” del manejo de los desechos en la ciudad, y añade que tiene “el compromiso de las empresas de elevar la calidad y eficiencia del servicio que se contrata”.
En julio pasado vecinos de la región cerraron por tres días consecutivos los accesos al relleno sanitario, lo que generó un enfrentamiento con los trabajadores que llevaban la basura, el cual había permanecido cerrado desde 2010, lo que devino en agresiones contra los ciudadanos.
Algunos denunciantes intentaron la FGE les puso trabas para dar seguimiento a sus querellas, y denunciaron amenazas de muerte en su contra. Asimismo, los ambientalistas han exigido que sea investigado el asesinato de Rodrigo Morales, en septiembre de 2021, opositor del uso del relleno sanitario, y quien manejaba un centro de reciclaje en Cuernavaca, Morelos.
