Los servidores públicos enfrentan su presunta responsabilidad en el delito de cohecho
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó la vinculación a proceso que un juez concedió a la Fiscalía Anticorrupción, contra tres empleados del Ayuntamiento de Cuernavaca imputados por el presunto delito de cohecho.
En boletín de prensa informó que el pasado 7 de agosto de 2020, personal de la Fiscalía Anticorrupción detuvo en flagrancia a los servidores públicos, quienes presuntamente le exigieron 200 mil pesos al propietario del establecimiento “Autoexplanda Cuernavaca”, para no clausurarlo.
En tanto, al considerar que la agente del Ministerio Público aportó los datos de prueba suficientes, un juez vinculó a proceso a Brian “N”, Emmanuel “N”y Miguel Ángel “N”, sin embargo, la defensa de los imputados interpuso un recurso de apelación con la intención de revertir la decisión del juzgador.
El 11 de febrero de 2021, los magistrados del TSJ, Elda Flores León, Norberto Calderón Ocampo y Ángel Garduño González -quien fue ponente en este caso- ratificaron por unanimidad la vinculación a proceso contra los antes mencionados.
Esto debido, a que los magistrados consideraron que la formulación de imputación fue realizada de forma clara y precisa en cuanto a circunstancia de tiempo, modo, lugar y forma, en tanto, que se presentaron los datos de prueba y argumentos suficientes para que se dictara vinculación a proceso.
Es preciso señalar, que el pasado 1 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción logró vinculación a proceso contra el presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio «N» y el subsecretario de Protección Civil, Gonzalo «N», ambos por presuntamente ser coautores materiales del delito de Cohecho, derivado una investigación relacionada con una denuncia asentada en la carpeta de FECC/289/2020-08.
Mientras que desde el 27 de noviembre, día en que fueron imputados por la Fiscalía Anticorrupción ambos servidores públicos, el subsecretario de Protección Civil quedó recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, ante la solicitud realizada al Juez por la agente del Ministerio Público, debido a que presuntamente uno de sus escoltas amenazó de muerte a la víctima.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».
