Una gran cantidad de reclusas que fueron reubicados el 11 de febrero al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Michapa, en Coatlán del Río y al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, en Xochitepec, para terminar con el programa de internamiento mixto en las cárceles de Morelos, se quedaron sin una adecuada defensa legal, ya que algunas aún no son sentenciadas.
Pero la decisión no sólo está afectando a las internas, pues la defensora de oficio Cristina Orduña Ocampo dijo que por tratar de apoyar a las reclusas fue cambiada de adscripción al municipio de Jojutla, cuando ella radica en Cuernavaca.
“Algunas las llevaron a Michapa y están allá sin defensores, porque los defensores públicos no podemos asistirlas a ellas como debe de ser ya que ahora debe ser vía telefónica y solo dos veces al mes, una con su defensor y otra con su familia, entonces se les están violando sus derechos”, denunció públicamente.
Molesta, increpó a los diputados del Congreso de Morelos, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TJS), Rubén Jasso Díaz, y les dijo: “No se ocupan por la equidad de género y dejan a las mujeres a la deriva y esas mujeres que están privadas de la libertad también son nuestras mujeres morelenses; les suplico que nos ayuden”.
Dijo que el último recurso para pedir que vuelvan a ser reubicadas, al menos al penal de Atlacholoaya, son los congresistas y el titular del Poder Judicial, pues los amparos que las internas presentaron ante la justicia federal fueron desechados, por ejemplo el 159/2022, al que ni siquiera se le dio audiencia de ejecución bajo el argumento que todo derivó de un decreto del Poder Ejecutivo.
También destacó que algunas de las actividades que ellas desarrollaban, como costura, ya no se les está permitiendo realizar para que puedan tener un ingreso al interior de la cárcel. Por ejemplo, una de ellas cosía, pero cuando sus familiares fueron a preguntar qué había pasado con la máquina de cocer le negaron información.
Reubicación
Como se recordará, fue la madrugada del pasado 11 de febrero cuando 166 internas de la cárcel de Cuautla y Jojutla fueron reubicados para terminar con el programa internamiento mixto. 88 fueron llevadas al penal de Michapa y 78 al Cereso Femenil de Atlacholoaya.
En estas reubicaciones participaron policías estatales, Guardias Nacionales e incluso Marinos. El operativo se desarrolló desde las 2:00 horas de ese 11 de febrero y concluyó cerca de las 6:00 de la mañana.
